Para los que defendemos una escuela pública de calidad, integradora, participativa, democrática, que ofrezca realmente las mismas posibilidades a todos y todas, sin distinción de credos, sexo, procedencia o estrato social, se nos hace muy difícil asimilar las políticas que defienden la concertación sin ningún tipo de cortapisas. En algunas comunidades como la valenciana o la de Madrid, los gobiernos autonómicos están potenciando claramente el modelo de escuela concertada con el pretexto de garantizar la libertad de los padres en la elección de centro, algo verdaderamente perverso, ya que dicha libertad pasaría primero porque la Administración ofreciera una verdadera oferta de centros públicos en igualdad de condiciones.
Desde FAPA-València nos preguntamos si los empresarios de la educación van a construir centros en zonas desfavorecidas o rurales para que los padres puedan elegir. Recordemos que en las zonas rurales sólo existe la oferta pública, evidentemente porque el número de alumnos para escolarizar no es rentable económicamente hablando.
¿Va a haber una verdadera y equilibrada distribución del alumnado entre la escuela pública y la privada? No debemos olvidar que, a pesar de la defensa de la libertad de elección de centro, algunos colectivos de alumnado en desventaja (los excluidos socialmente, aquellos de familias con pocos recursos…) son rechazados por los centros privados concertados.
¿Van a dejar de cobrar las cuotas ilegales a los padres y madres que utilizan ese tipo de centros? En algunos casos, los padres llegan a pagar tanto como la aportación que se hace desde la Administración y, a pesar de ser totalmente ilegal, se sigue con esta práctica extendida en la gran mayoría de centros concertados.
La educación no puede ser un negocio y mucho menos a costa de las arcas públicas, de esta manera nos parece inconcebible no sólo que se mantenga la concertación, sino que además se fomente en algunas comunidades autónomas la cesión de suelo público para la construcción de centros privados. Las administraciones deben velar porque los servicios públicos básicos sean un bien común y no sólo para unos pocos. Es más, deberían hacer un esfuerzo en la inversión destinada a los centros públicos, garantizando mayor calidad y ampliando la oferta ya que la educación será el futuro de nuestros hijos e hijas. Nosotros como padres y madres preocupados debemos luchar para que reciban una educación de calidad que les ofrezca la posibilidad de tener un futuro digno y es por esta razón y no otra por la que decimos no a la privatización de la educación. (Leer más >)
